En noviembre de 2025 publicamos un primer análisis de la Ley 2173/21 cuando aún era una norma sin reglamentar. Desde entonces salieron dos resoluciones que cambiaron las reglas y el calendario. Esto es lo que pasó y lo que viene.
Dónde estábamos: la Ley 2173/21 sin reglamentar
Cuando escribimos «Ley 2173: una oportunidad para que las empresas siembren territorio y sostenibilidad», la norma llevaba casi cuatro años vigente pero sin reglamentación. Existía la obligación —medianas y grandes empresas registradas en Colombia deben sembrar mínimo dos árboles por cada uno de sus empleados, según el artículo 6— pero no había reglas de juego: ni cómo calcular la cifra, ni dónde sembrar, ni ante quién responder.
En ese momento el consejo era prepararse. Hoy hay dos actos administrativos sobre la mesa y el consejo cambia de forma importante.
Qué pasó: dos resoluciones en menos de un año
Octubre de 2025 — Resolución 1491. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó la Ley 2173/21. Definió qué son las Áreas de Vida, cómo se identifican y delimitan, cómo se calcula la obligación de cada empresa, qué debe contener el programa de siembra, cómo se aprueba y cómo se reporta.
Abril de 2026 — Resolución 0358. El mismo Ministerio modificó el parágrafo 1 del artículo 6 de la resolución anterior. Amplió de seis a dieciocho meses el plazo para que los municipios delimiten las Áreas de Vida, y —más importante— estableció que mientras no existan Áreas de Vida disponibles no es exigible la ejecución material de la siembra ni la radicación del programa ante la autoridad ambiental.
La razón del ajuste está en la propia resolución: el Ministerio recibió 225 peticiones, consultas y reclamos sobre cómo interpretar e implementar las Áreas de Vida, y adelantó catorce jornadas de socialización donde quedó claro que delimitarlas —validando tenencia de tierra, articulando con ordenamiento territorial y generando cartografía estandarizada— tomaba más tiempo del previsto.
Lo que muchos están leyendo mal
La conclusión que circula es «la Ley 2173/21 se aplazó». No es exacto, y la diferencia importa.
El artículo 2 de la Resolución 0358 suspende la exigibilidad de dos cosas: sembrar en campo y radicar el programa. Pero cierra con una frase textual que cambia el sentido: «sin perjuicio de la formulación de dichos programas». Y el artículo 3, sobre el régimen de transición, es todavía más claro: las empresas deberán formular sus programas de siembra o plantación, los cuales serán presentados y ejecutados una vez se cuente con Áreas de Vida delimitadas y disponibles.
Dicho de otro modo: se aplazó el campo, no el escritorio. La obligación de tener el programa formulado sigue corriendo hoy.
¿Cuántos árboles debe sembrar su empresa? Cómo se calcula realmente
Este es el punto donde más empresas se equivocan, y donde la reglamentación aportó precisión que la ley no tenía.
El artículo 12 de la Resolución 1491 fija la base: el número total de empleados con contrato de trabajo vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en que se presenta el programa, conforme al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. El representante legal presenta esa certificación ante la Secretaría de Planeación municipal o distrital.
Y el parágrafo excluye expresamente del conteo a seis grupos:
- Menores de edad vinculados mediante contrato laboral (artículo 171 del Código Sustantivo del Trabajo).
- Menores de edad con contrato de aprendizaje (Capítulo II del Código Sustantivo del Trabajo).
- Empleados en periodo de prueba (Capítulo I, Título II del Código Sustantivo del Trabajo).
- Contratos de trabajo temporal, ocasional o accidental (artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo).
- Contratistas vinculados por prestación de servicios.
- Trabajadores vinculados a través de empresas de servicios temporales (EST).
Por eso una empresa con 400 personas en nómina no necesariamente debe sembrar 800 árboles. Establecer la cifra correcta, con el sustento técnico que la respalde, es el primer trabajo serio del proceso.
Qué debe contener el programa de siembra
El artículo 13 define el contenido mínimo, y deja claro que se trata de un instrumento técnico, no de un formato administrativo: identificación del Área o Áreas de Vida, objetivos y alcance, alternativas de cumplimiento después del segundo año —siembra, mantenimiento, aislamiento y manejo— con su cronograma, forma de implementación (individual o en asocio con otras empresas), descripción del área de intervención con georreferenciación y caracterización ecológica y socioeconómica, enfoque metodológico y estrategia de seguimiento.
La selección de especies es una de las decisiones que más pesa en el resultado: deben corresponder al ecosistema y a la ventana de lluvias de cada región. Vale la pena resaltar además la posibilidad de implementar en asocio: varias empresas pueden cumplir conjuntamente en una misma Área de Vida, lo que abre opciones para compañías con nómina pequeña dentro del rango de obligadas. En este sentido, IFCAYA está estableciendo una aréa de vida en Vichada con el fin de poder garantizar aréa para empresas de todos los tamaños.
Próximos pasos: qué hacer en los próximos meses
El régimen de transición reparte tareas entre tres actores. Los municipios adelantan la identificación, delimitación y publicación de las Áreas de Vida, reportando avance cada dos meses a la autoridad ambiental. Las autoridades ambientales definen lineamientos técnicos y preparan sus procesos de evaluación, reportando trimestralmente al Ministerio. Y las empresas formulan sus programas.
Para una empresa obligada, la secuencia razonable en este momento es:
- Determinar si le aplica: mediana o gran empresa registrada en Colombia, incluidas extranjeras legalmente constituidas, según las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004.
- Calcular la obligación con la base del artículo 12 y sus exclusiones, dejando el soporte técnico documentado.
- Consultar con el municipio el estado de delimitación de sus Áreas de Vida y comunicar por escrito la elección del área cuando estén disponibles.
- Formular el programa de siembra con el contenido del artículo 13, listo para radicar.
- Evaluar si conviene cumplir de forma individual o en asocio con otras empresas.
- Presupuestar el mantenimiento, no solo la siembra: la obligación se cierra con sobrevivencia.
Por qué no conviene esperar al último momento
Cuando los municipios publiquen sus Áreas de Vida —y buena parte lo hará hacia el final del plazo— todas las empresas obligadas de esa jurisdicción radicarán casi al mismo tiempo, ante autoridades ambientales que evaluarán con los tiempos del artículo 14: hasta treinta días hábiles para aprobar, o quince días hábiles adicionales cuando hay ajustes. Después de la aprobación corre un año para implementar, y ese año debe respetar los periodos de lluvia de la región.
Quien llegue tarde a esa fila puede quedar con una ventana de siembra muy estrecha, y sembrar fuera de temporada es la forma más segura de perder la inversión. La diferencia entre una estrategia de restauración bien elegida y una improvisada se mide justamente en tasas de sobrevivencia.
Al completar la obligación correctamente, la empresa accede al certificado «Siembra Vida Empresarial», expedido por la autoridad municipal o distrital con funciones ambientales. Pero ese certificado vale lo que valga el expediente técnico que lo sustenta.
Cómo lo acompañamos en IFCAYA
En IFCAYA formulamos programas de siembra bajo la Ley 2173/21 para empresas de las regiones Andina, Pacifica, Caribe y Orinoquía: cálculo de la obligación, gestión del Área de Vida ante el municipio, diseño técnico con especies nativas apropiadas al ecosistema, ejecución en campo y monitoreo hasta el reporte.
Es el mismo enfoque que aplicamos en consultoría ambiental y estudios forestales, con más de cinco décadas de experiencia en ingeniería forestal aplicada a obligaciones ambientales.
¿Su empresa ya tiene formulado su programa de siembra? Lo construimos con el rigor técnico que exige la norma y lo dejamos listo para radicar apenas su municipio publique las Áreas de Vida. ¡Conversemos! · comunicacionesifcaya@gmail.com · +57 322 596 8960
Fuentes
- Ley 2173 del 30 de diciembre de 2021, Congreso de la República de Colombia — artículo 6.
- Resolución 1491 del 17 de octubre de 2025, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18.
- Resolución 0358 del 16 de abril de 2026, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — artículos 1, 2 y 3.
- Código Sustantivo del Trabajo — artículos 6, 22 y 171.
- Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 — clasificación de tamaño empresarial.
Nota: Este blog fue estructurado y revisado por el equipo de IFCAYA. El uso de inteligencia artificial se realiza netamente para temas de forma y redacción.
